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La Diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública propuso abrogar el decreto 2200 mediante el cual se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Baja California Sur, publicada el 30 de noviembre del año 2014 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Lo anterior, porque con fecha 9 de agosto de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual establece las nuevas reglas en la materia, cesando la potestad de las entidades federativas para legislar en materia de extinción de dominio.
En tal sentido, al existir una ley única nacional en esta materia, lo procedente es abrogar la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Baja California Sur, emitida bajo el decreto 2200, que fue publicado el 30 de noviembre del año 2014 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
“Para mantener actualizado nuestro marco jurídico y preservar su armonía con la legislación a nivel nacional es una responsabilidad parlamentaria de toda entidad soberana dentro del régimen federal, porque la figura jurídica de extinción de dominio establece la pérdida del derecho de propiedad cuya adquisición proviene de una fuente ilícita a favor del Estado y sin ninguna contraprestación económica para su titular”, expresó en tribuna la diputada.
Cabe destacar que fue creada a partir de la Ley Modelo del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, con el propósito de regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, establecer el procedimiento correspondiente y los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, en función del interés público; y, de los criterios de oportunidad de su destino.
La propuesta de la presidenta de la comisión de Seguridad en el Congreso, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad, para su análisis y discusión.
