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El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó elevar penas para castigar el delito de extorsión en la entidad; se aumentan las hipótesis en las que el delito puede agravarse, las cuales no existían en la legislación vigente.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos que preside la Diputada Petra Juárez presentó el dictamen a la iniciativa presentada por el Diputado José Luis Perpuli Drew, el cual fue avalado con el voto aprobatorio de la asamblea.
En ese contexto, una vez entrada en vigor la reforma, la penalidad aumentará hasta en un tercio para quienes al momento de extorsionar se ostenten como miembros de una banda delictiva; cuando realicen la extorsión desde un centro de reinserción social; cuando se trate del cobro de cuotas, y cuando exista un vínculo afectivo o de parentesco del extorsionador con la víctima.
Así mismo la pena aumentará hasta en una mitad cuando sea cometido por algún miembro de las policías municipales, estatal, ministerial, custodios, así como de una institución de impartición de justicia, o de ejecución de penas, o, de una empresa de seguridad privada.
Esta última agravante tampoco existe en el Código Penal vigente, determina en este caso, que se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión pública y se le inhabilitará hasta por ocho años para desempeñarlo nuevamente y se le suspenderá hasta por ocho años el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada.
De acuerdo a la iniciativa, la reforma otorga elementos necesarios para castigar esta conducta que afecta el patrimonio de las personas quienes son víctimas.
Cabe precisar que antes de la reforma, las penas que se aplican a la extorsión simple, es de cinco a quince años de prisión y multa hasta quinientos días, las cuales aumentarán hasta en un tercio y una mitad cuando el delito se comete con agravantes.
