El Pleno de las y los diputados del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad el dictamen de reformas al Código Civil presentado por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, con la finalidad de que la aclaración y rectificación de actas del Registro Civil ya no se realicen mediante un juicio entre tribunales -mismos que resultan costosos y retardados para el ciudadano– sino mediante un procedimiento administrativo para corregir los datos contenidos en ellas cuando resulten ser inexactos, erróneos, incompletos y desactualizados.
Fue la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia integrada por el diputado Eduardo Van Wormer, presidente y los diputados Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, secretarios respectivamente, quienes dictaminaron procedente la iniciativa, después de varias reuniones de trabajo sostenidas con magistrados y jueces del Poder Judicial, la Dirección Estatal del Registro Civil y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
En el dictamen presentado en la sesión del jueves 10 de abril, se plasma el otorgamiento de facultades legales al Registro Civil estatal para que mediante un proceso que no podrá ser mayor a 15 días hábiles, resuelva las solicitudes de los ciudadanos que cotidianamente acuden a las oficialías del registro en los cinco municipios del Estado y a la dirección estatal del registro para aclarar, rectificar, anular y reponer actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción, buscándose la certeza jurídica en los actos registrales que se susciten en el Estado de Baja California Sur.
Con ello, los ciudadanos podrán resolver sin necesidad de acudir a juicios, la rectificación de sus documentos registrales, que son esenciales para cualquier trámite de la vida diaria, que cuando no están correctos, trastornan la vida de las personas provocándoles problemas de toda índole.
El hablar en favor del dictamen, el diputado Venustiano Pérez, hizo un reconocimiento a la comisión dictaminadora por sacar adelante esta reforma “que tiene un alto contenido social, porque beneficia a la gente que menos tiene, a la gente que no tiene para pagar abogados e iniciar un juicio para rectificar datos, a la gente que no puede hacer un trámite por tener mal su acta”.
El decreto se mandará publicar al Ejecutivo del Estado para que lo antes posible pueda entrar en vigencia y el Registro Civil del Estado y sus oficiales en los municipios puedan empezar a atender a la población que tenga estas problemáticas en sus actas.