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Aprueba el Congreso del Estado nueva Ley de Derechos Humanos

  • una vez que entre en vigor sustituye a la actual que data de hace 25 años

+Contempla importantes avances en materia de Derechos Humanos

 

La Paz, Baja California Sur, a 27 de Septiembre de 2017.- El Estado de Baja California Sur cuenta con una Ley Estatal de Derechos Humanos que incorpora las modificaciones de fondo en esta materia aprobadas en la legislación nacional en el año de 2011 en las que se contemplan principios, mecanismos e importantes procedimiento y que las diversas entidades federativas han ido incorporando a su marco legal  “para reconocer, promover y proteger los derechos humanos de las personas por parte del Estado Mexicano”, aseguró el Diputado Camilo Torres Mejía tras haberse votado unánimemente en el Congreso del Estado el dictamen presentado al pleno por la comisión legislativa de Derechos Humanos.

El  representante del Partido del Trabajo en la XIV Legislatura dijo que las reformas de 2011 que son incorporadas a la nueva normatividad estatal en derechos humanos  tienen que ver con los tratados internacionales de los que México  forma parte  “y el pleno reconocimiento de éstos como norma plenamente vigente en el territorio nacional. Se amplía la gama de herramientas  jurídicas que dan mayor certeza al ejercicio y protección de los derechos humanos a nivel nacional”, subrayando que la nueva Ley contiene los procedimientos, principios y atribuciones a los que se  sujeta en su actuar la Comisión Estatal de Derechos Humanos dotándola de nuevas facultades legales para la defensa de los derechos humanos de los sudcalifornianos como es el fortalecimiento de su autonomía para que realice de una mejor forma su gestión, “al establecer que no recibirá instrucciones de autoridad o servidor público alguno en el desempeño de sus atribuciones y tampoco los criterios de su personal estarán supeditados a autoridad alguna”.

El dictamen especifica que de acuerdo a las disposiciones que marca la Constitución del Estado se precisa cuáles son  las obligaciones de las autoridades y el Estado respecto de los derechos humanos, “sin dejar lugar a dudas: todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes respectivas, tal como lo señala expresamente la Constitución General de la República y la del Estado de Baja California Sur”.

La nueva Ley amplía las atribuciones de la Comisión Estatal al darle facultades de solicitar a las autoridades competentes las medidas precautorias o cautelares necesarias para proteger los derechos de las personas, “especialmente cuando se encuentre en riesgo su integridad física; solicitar la intervención del Ministerio Público cuando por las indagatorias llevadas a cabo por la Comisión se presuma la comisión de un delito. Solicitar la intervención del Congreso del Estado a fin de que canalice las causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido recomendaciones, de modo que su intervención asegure la efectividad y cumplimiento de las mismas…”.

 

 

La nueva  Ley Estatal de Derechos Humanos contempla acortar los tiempos para el actuar de la institución en el caso de que se presenten violaciones de los derechos humanos, protección dlae los datos de quien hace la queja, y la gratuidad de todo proceso que se inicie ante la Comisión.

Torres Mejía apuntó que para llegar al dictamen que fue votado por el pleno de diputados y diputadas se realizaron una serie de consultas a la sociedad sudcaliforniana, a estudiantes de las universidades de la entidad, al Colegio de Abogados, a organizaciones de la sociedad civil, a clubes de servicio, quienes en su momento aportaron propuestas que una vez analizadas fueron integradas al cuerpo de la nueva legislación.  Señaló que el nuevo ordenamiento legal viene a sustituir al que se encontraba vigente desde hace 25 años en el estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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