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El diputado de MORENA Héctor Manuel Ortega Pillado propuso este martes 15 de septiembre adicionar un título Noveno Bis a la Constitución Política de Baja California Sur denominado “Las Relaciones Laborales entre los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y sus Municipios”; se reforma el artículo 123 de la Constitución Política y el 125 de la Ley para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Baja California Sur.
Lo anterior, en una iniciativa con proyecto de decreto que tiene como objeto primordial reconocer y visualizar a rango de nuestra constitución local las relaciones de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y los Municipios, así como la creación de organismo que goce de autonomía constitucional para impartir justicia laboral burocrática.
Las reformas consisten en agregar los numerales 160 Quater, 160 Quinquies y 160 Sexies a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur para integrar el nuevo Título.
El 160 Quater reconoce el derecho de los trabajadores al servicio del Estado y Municipios a organizarse libremente en sindicatos para defensa de sus intereses, el 160 Quinquies contempla la creación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur y el 160 Sexies los mecanismos para el proceso de elección del Magistrado Titular del Tribunal.
El diputado Ortega Pillado señaló que es necesario reconocer a rango constitucional, el supremo derecho de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y sus Ayuntamientos, de asociarse a través de sindicatos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.
Este reconocimiento y visualización, no solo se trata de llenar un vacío o una simple inclusión textual en nuestro máximo ordenamiento local, tiene la significancia de la reconocer la importancia de las y los trabajadores burócratas para el cumplimiento de los fines del Estado.
Es reconocer la fuerza humana, dijo, que día a día, aún ante la incomprensión y la crítica desarrollan sus labores con ahínco, esfuerzo y solidaridad con su Estado, desde múltiples trincheras del servicio público.
La iniciativa señala que el Tribunal deberá entrar en funciones el 1 de enero de 2022 y que el Gobierno del Estado deberá incluir en su presupuesto para ese año los recursos para su funcionamiento.
La Iniciativa también señala que la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur deberá armonizarse dentro de los 180 días siguientes de su entrada en vigor.
