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En sesión ordinaria del martes 25 de octubre, el Congreso del Estado de Baja California Sur no aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 de las Secretaría de Finanzas y Administración, de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, todas del Gobierno del Estado, así como del Congreso del Estado, del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y del Fideicomiso de Turismo Estatal.
Asimismo en sesión extraordinaria del miércoles 25, el Poder Legislativo no aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 de los institutos sudcalifornianos del Deporte y de Cultura, de la Secretaria de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado, así como de los organismos operadores de agua potable de La Paz, Los Cabos y Comondú.
La asamblea aprobó por mayoría los dictámenes en sentido no aprobatorio que presentó la Comisión Permanente de la Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado. En todos los casos los dictámenes fueron dispensados de segunda lectura y aprobados por mayoría con votos en contra de la fracción del PAN y representaciones opositoras a las fracciones de mayoría.
En el caso de la Secretaría de Finanzas no presentó las cuentas públicas mensuales en el plazo establecido, en tanto la cuenta anual no la presentó conforme al plazo señalado en la Constitución. La Secretaría de Turismo, la Oficina de Planeación y de los institutos sudcalifornianos del Deporte y de Cultura, no presentaron sus cuentas anuales ni mensuales, respectivamente.
En el caso del congreso, omitió presentar la cuenta pública de ese ejercicio ante el propio Congreso del Estado, y los informes mensuales de marzo a diciembre de ese año fueron presentados en forma extemporánea a la Auditoría Superior del Estado.
En tanto los organismos operadores municipales de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento si presentaron información, en cuyas auditorias resultaron, La Paz con 70 observaciones, de las cuales 24 fueron solventadas, representando el 34% de los resultados observados; las 46 observaciones restantes no solventadas representan un importe de 9 millones 553 mil 545.79 pesos.
El organismo de Los Cabos con 25 observaciones, de los cuales una fue solventada, representando el 4% de los resultados observados, las 24 observaciones restantes son por un importe de 113 millones 323 mil 149.24 pesos.
En tanto que el organismo de Comondú arrojó 47 observaciones, de las cuales solventó 2, en tanto las 45 restantes representan un importe de 9 millones 171 mil 116.27 pesos.
El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN, diputado Rigoberto Mares Aguilar consignó que el voto en contra de la fracción en todos los dictámenes, por considerar una interpretación errónea de la comisión, al clasifica a las secretarias como entidades fiscalizables, señalando que “la administración de la hacienda pública estatal estará a cargo del Gobernador por conducto de su Secretario de Finanzas”, por lo que la cuenta pública debe ser analizada de manera consolidada por la ASE en base a los informes que presente la SEFIN y no así dependencia por dependencia.
Por su parte el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE, diputado Christian Agúndez precisó que cualquier ente público que maneje recursos, está obligado en Ley de Fiscalización, el tener obligación de corresponder de manera clara y transparente que se realiza con esos recursos públicos.
Consignó que la ASE tiene atribuciones de solicitar obtener y tener acceso a la documentación que sea necesaria para llevar a cabo las auditorias correspondientes sin importar el carácter de confidencialidad; señaló además que se llevó a cabo una reunión donde se explicó por qué se realizó el programa de auditoria de esa manera y el por qué los resultados finales.
