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El Congreso del Estado de Baja California Sur resolvió desechar el veto del Ejecutivo al decreto 2620 que contiene la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, porque no presentó el veto en el tiempo estipulado en la Constitución estatal.
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas presentó el dictamen correspondiente bajo la hipótesis del artículo 59 constitucional.
La Diputada Petra Juárez Maceda, Presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas presentó el dictamen que expuso que el pasado 5 de julio de 2019, el Oficial Mayor del Congreso del Estado, solicitó al Gobernador del Estado, la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur del Decreto número 2620; así como que en fecha 13 de Septiembre de 2019, el Congreso del Estado recibió las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado.
El dictamen argumentó que conforme a la Constitución de Baja California Sur en su artículo 166 establece que el veto a todo proyecto de Ley o Decreto que se haya enviado durante receso del Legislativo, “la devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del periodo siguiente”, por lo que el veto del Ejecutivo fue dictaminado improcedente y finalmente desechado, por mayoría, ya que las observaciones debieron haberse presentado a más tardar el 1 de septiembre de 2019.
En ese tenor el Congreso resolvió declarar desechadas por extemporáneas las observaciones formulada por el Ejecutivo del Estado en el marco del ejercicio de su derecho de veto parcial respecto al decreto 2620, que contiene la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur.
