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“Ante la reiterada demanda de la sociedad sudcaliforniana de transparentar la administración pública estatal y municipal, es que hace dos años presente una iniciativa para modificar la Ley de Deuda Publica de la entidad con la finalidad de poder auditar los fideicomisos estatales y municipales en Baja California Sur”, dio a conocer el Presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, Ramiro Ruiz Flores, quien señalo que el pleno de la XV Legislatura al Congreso del Estado en octubre del año pasado aprobó la propuesta, “pero hasta la fecha el titular del Ejecutivo no la ha publicado en el Boletín Oficial del Congreso del Estado”.
El legislador explicó que en la campaña electoral de 2018 diversos representantes de los colegios de profesionistas en el estado le plantearon la necesidad de que se transparente el uso de los recursos públicos, “porque nos decían, los fideicomisos, sobre todo los estatales no se sabe lo que pasa con ellos. A nadie le rinden cuentas, y es necesario transparentar su ejercicio, para hablar de una mejor rendición de cuentas a la sociedad sudcaliforniana. Si en un fideicomiso existen recursos públicos, por supuesto que son susceptibles de ser auditados”.
Ramiro Ruiz subrayó que la reforma consistió en eliminar el cuarto párrafo del Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública estatal que dice: “Los fideicomisos a que se refiere el presente artículo, en ningún caso, serán considerados como parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, por lo que no les es aplicable lo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, ni la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur”, precisando que al no ser parte de la administración pública estatal o municipal, como estaba la redacción de este artículo, no pueden ser sujetos a las auditorías correspondientes por parte de la Auditoría Superior del Estado, como sí lo son en el contexto nacional los fideicomisos nacionales por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Ruiz Flores señaló que todo ente que reciba recursos públicos está legalmente sujeto a ser auditado, “y por ello presentamos esta iniciativa, porque estamos totalmente de acuerdo en que el gobierno se tiene que ejercer en forma transparente, porque hoy más que nunca nos lo demanda la sociedad, y como representantes populares estamos empeñados en cumplir…”.
Precisó que la redacción del cuarto párrafo del Artículo 32 deja a la discrecionalidad lo relacionado con los fideicomisos, “y hoy son otros tiempos, y la normatividad en transparencia obliga a todos los sujetos obligados a transparentar su actuar, más si reciben fondos públicos, por ello la necesidad de auditar estos entes…”.
