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La Paz, Baja California Sur, a 16 de Agosto de 2017.- Ante el inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica “México está obligado constitucionalmente a consultar a los Pueblos Indígenas, sobre todo en lo que puedan verse afectados”, aseguró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Indígenas del Congreso del Estado, Diputado Camilo Torres Mejía quien advirtió que desde el punto de vista jurídico “se puede afirmar categóricamente que si no existe consulta Indígena en nuestro país no habrá renegociación total o parcial del TLC que sea válida”.
El legislador representante del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado indicó que México está obligado por mandato constitucional a consultar a los pueblos indígenas en lo que los afecte”, porque así lo establece el Artículo Primero de la Constitución General de la República y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “Si el Gobierno Mexicano no lo hace, la Supre Corte de Justicia de la Nación o los tribunales internacionales declararán ilegal a cualquier tratado que firme México y no consulte a los pueblos originarios”, aseguró Torres Mejía.
Puntualizó que de antemano, al inicio del proceso de renegociación del TLC se perfila como “un acto lleno de ilegalidades”, precisando que la renegociación que presuntamente inicia “finalmente no concluirá”, ello en vuirtud de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado y aceptado por México en 1991.
Camilo Torres recordó que en enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional e infinidad de organizaciones sociales y políticas entre ellas el Partido del Trabajo “quienes planteamos originalmente los efectos negativos que traería para nuestro país el Tratado de Libre Comercio, para el campo mexicano. Los indígenas y campesinos fueron los grandes perdedores en estos años de vigencia del Tratado…”.
Comentó que en su momento el Ejército Zapatista “rechazó y repudió la imposición del modelo neoliberal que favorecía a las oligarquías y a las empresas trasnacionales, al tiempo que reclamaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de la democracia”.
Enfatizó que a la distancia en el tiempo México sigue teniendo la misma cantidad de personas, en términos relativos en pobreza que antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio, “con otros componentes graves que no existían en 1994 en los niveles y dimensiones con que se presenta en la actualidad”, como son la inseguridad, la proliferación de grupos del crimen organizado, el deterioro del tejido social, la contaminación ambiental y un Estado Mexicano con menos recursos financieros, jurídicos y políticos para cumplir sus responsabilidades”.
