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El Congreso del Estado, exhortó a los ayuntamientos de Mulegé, Loreto y Comondú, para que implementen el Modelo Homologado de “Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, María Luisa Ojeda González, a través de un punto de acuerdo presentado este martes 27 de junio en sesión ordinaria, enfatizó que es necesario implementar el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, para los municipios de Baja California Sur, que cuenten con Juzgados Cívicos que funcionen de manera adecuada, y con recursos suficientes para cumplir su labor, la prevención del delito y para a la aplicación de sanciones por infracciones menores y faltas administrativas, para prevenir que se cometan faltas más graves o incluso que esas conductas escalen a delitos, debiendo contar con personal capacitado, profesional, y sensible.
En el caso de La Paz y Los Cabos sugiere que se realicen las acciones necesarias para el fortalecimiento institucional con la finalidad de brindar herramientas jurídicas y mecanismos alternativos de solución que contribuyan al mejoramiento de la convivencia social en las localidades y comunidades de Baja California Sur.
A nombre de la Comisión de Igualdad de Género, que integran sus homólogas diputadas Gabriela Cisneros Ruíz y Teresita de Jesús Valentín Vázquez, (secretarias), Ojeda González, consideró que es indispensable que las autoridades municipales trabajen para que adopten la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica para construir comunidades más seguras y justas para todas y todos los habitantes.
Desde tribuna, explicó que las principales razones para implementar un Modelo de Justicia Cívica son los siguientes: prevención de delitos y reducción de la reincidencia; justicia más equitativa y participación ciudadana.
Para finalizar, acotó que el Modelo de Justicia Cívica en México busca facilitar y mejorar la convivencia en las comunidades y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia y ha probado ser un instrumento clave en la cadena de valor de prevención, pues permite identificar personas que requieren atención y canalizarlas a programas adaptados a sus necesidades.
“Es una forma adecuada y eficiente para prevenir delitos, promover la seguridad ciudadana, agilizar el sistema de justicia y garantizar una justicia proporcional y restaurativa. Por añadidura, los juzgados cívicos son instituciones que contribuyen a generar una sociedad y una comunidad más segura, justa y participativa, donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía, concluyó.
