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El diputado José Luis Perpuli Drew presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Carlos Mendoza Davis a los presidentes de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, así como a los órganos autónomos del ámbito federal, estatal y municipal a que en la asignación de la obra pública, determinen por lo menos en un 80 % del porcentaje mayoritario a constructores locales, se privilegie la contratación de mano de obra y la compra de insumos y servicios existentes en cada región donde se desarrollen, sin que ello comprometa el precio y calidad de éstas.
Sostuvo que esta medida, impactará positivamente a la economía de Baja California Sur, porque generan empleos y circulante, sustentando su propuesta, con base en el artículo 30 de la Constitución Política de Baja California Sur, que establece textualmente: “Los Sudcalifornianos serán preferidos para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que sea indispensable la calidad de ciudadano.”
Reconoció que existen en ocasiones estas obras las realizan empresas de otros estados del país, y no contratan o contratan a pocas personas que viven en el lugar donde se desarrolla la obra; situación similar que se presenta en la contratación de bienes y servicios que se requieren, los cuales no se contratan o adquieren en la localidad.
Puntualizó que en el caso de las empresas constructoras locales, propuso que se otorgue a quienes tienen domicilio fiscal y antigüedad de al menos tres años en el estado y que cuente con el aval de los Colegios de Ingenieros Civiles y/o Arquitectos del Estado.
En el caso de trabajadores y/o prestadores de servicios contratados para la realización de actividades de obra pública, propuso que se otorgue a quienes hayan radicado en el estado por un mínimo de 12 meses previos al inicio de la obra.
Perpuli Drew pidió a sus homólogos de la Comisión de Puntos Fiscales y Administrativos (a donde fue turnado el punto de acuerdo), a fin de enriquecer los fundamentos y propósitos que persigue su propuesta, para lo cual podrá hacer amplias consultas con las autoridades de los tres niveles de gobierno, cámaras de la industria de la construcción, incluso pensar en una reforma legal a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del estado y municipios de Baja California Sur para lograr este propósito y/o proponer una reforma al a la ley que regula la asignación de la obra pública del gobierno federal.
