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El programa de visitas domiciliarias a sudcalifornianos de la tercera edad que por diversos problemas de salud están postrados (es decir que tienen limitada o nula capacidad de desplazamiento), se reforzará con la participación del Instituto Federal de Defensoría Pública que cuenta con personal especializado para brindar asesoría y representación jurídica gratuita en materia administrativa, fiscal o penal a las ciudadanas y ciudadanos que así lo requieran.
Con esta suma de esfuerzos institucionales, además de brindar apoyos en salud para las y los adultos mayores que no pueden moverse de manera autónoma, será posible brindarles asistencia jurídica en temas de relevancia para su bienestar, como pueden ser los trámites de pensiones o jubilaciones, informó la secretaria de Salud, Zazil Flores Aldape durante la sesión del Comité Estatal de Atención al Envejecimiento que se efectuó este martes.
En este encuentro que se desarrolló con la asistencia de la delegada de programas para el Bienestar, Yanssen Weichselbaum, Flores Aldape dijo que en esta administración encabezada por el gobernador Víctor Castro Cosío se estrecha la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales a fin de dar una respuesta más oportuna a las necesidades de la población más vulnerable, como son las y los mayores de 60 años que prácticamente no pueden levantarse de cama.
En esta reunión a la que acudieron representantes de IMSS, ISSSTE, SEDIF, Beneficencia Pública y la Asociación Sudcaliforniana de Geriatría y Gerontología, la servidora pública dijo que con esta estrategia operada por la Secretaría de Salud, un equipo integrado por personal de medicina y enfermería acude de manera programada a las viviendas de pacientes que están en esas condiciones físicas, para hacer valoraciones generales, constatar el apego a sus tratamientos, así como hacer gestiones para solventar requerimientos clínicos.
En estas visitas que se llevan a cabo como parte del Programa de Atención al Envejecimiento, a cargo de Alberto Garay Ibarra, también se identifican necesidades sociales, asistenciales, jurídicas y de otra índole que presentan estos pacientes, para canalizarlos a las instancias públicas que puedan atenderlas con la intención de que mejoren sus condiciones de bienestar, concluyó.
