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“Ser un gobierno cercano a la gente, donde se reconozcan y respeten los derechos humanos de quienes vivimos en Baja California Sur, pero, sobre todo, que atienda y de soluciones integrales a problemáticas sociales como la desaparición de personas, es parte esencial de las políticas públicas implementadas por la actual administración estatal que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío”, aseguró el subsecretario de Gobierno, Isidro Ibarra Morales, al encabezar la sesión ordinaria del Comité Técnico de Colaboración del Protocolo Alba.
Mencionó que se trabaja coordinadamente con los poderes públicos, Federación, Municipios y sociedad organizada, para fortalecer la atención que se le da a la población, en temas como la desaparición o no localización de mujeres, niñas y adolescentes, a través de la inmediata reacción por parte de las instituciones encargadas de proteger y salvaguardar su integridad.
Resaltó la importancia de la vinculación entre las autoridades, principalmente quienes reciben el reporte de una mujer o niña desaparecida, por lo que reforzar los canales de comunicación y mecanismos de colaboración, eficientará la aplicación de este protocolo, para lo cual se requiere la participación de la comunidad, es decir, la suma de esfuerzos de cada uno de los sectores, tanto públicos como privados, agregó.
Por su parte, la comisionada estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), Lizeth Collins Collins, recordó que Protocolo Alba, se implementó en la entidad en mayo de 2020, mismo que tiene como objetivo principal, activar de forma inmediata este mecanismo, donde también se contempla la colaboración de organismos sociales y medios de comunicación, para difundir la cédula única que se elabora.
Entre los acuerdos establecidos, destacan continuar reforzando la colaboración interinstitucional, mejorar los canales de información, brindar una atención oportuna a los reportes de este tipo de casos, además de contemplar la integración al Comité, de las áreas como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Comisión para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, los Sistemas municipales DIF, las Direcciones Generales de Seguridad Pública y Tránsito de los 5 Ayuntamientos y las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
