INSTALAN EN BCS COMITÉ DE EVALUACIÓN DE DAÑOS POR HURACÁN HILARY

El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó junto a autoridades estatales y federales, la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), con motivo de las afectaciones ocasionadas por lluvia severa e inundación pluvial, del 19 de agosto, por el huracán “Hilary”, en los municipios de Loreto y Mulegé.

El Mandatario estatal, señaló que en tiempo y forma se presentó la solitud al Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, para la corroboración del fenómeno y la declaratoria de desastre, respectivamente.

“A cada una de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como al voluntariado, agradezco a nombre de las y los sudcalifornianos el apoyo y la solidaridad durante el paso de “Hilary” por Baja California Sur, sobre todo, en la zona norte de la entidad. En especial a las Fuerzas Armadas, Ejercito Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, por coordinar esfuerzos para salir avante de estas afectaciones. Nuestro reconocimiento y gratitud siempre”, expresó.

Durante la sesión, se instalaron los subcomités correspondientes a los sectores carretero, educativo, deportivo, hidráulico, naval, forestal y de viveros, monumentos arqueológicos artísticos e históricos, vivienda y vial urbano, a través de los cuales el CED, llevará a cabo el proceso de levantamiento, evaluación y cuantificación de los daños.

Para tal fin, se estableció un plazo de 25 días hábiles, teniendo como fecha de entrega de resultados de la citada evaluación en cada uno se los sectores, el día 2 de octubre del presente año, trabajos que se desarrollan con base a lo establecido en el artículo 8 de los lineamientos para atender los daños ocasionados por un fenómeno natural perturbador. 

Víctor Castro, hizo un atento llamado a todas y todos, a seguir trabajando unidos en estas tareas para que la evaluación sea lo más rápido posible, para ser más eficaces y atender a la población y comunidades afectadas, a fin de que el diagnóstico sea conforme a la realidad de las afectaciones, objetivo, transparente y apegado a la normatividad.