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El diputado Rigoberto Mares Aguilar hizo un llamado a sus homólogos a legislar con seriedad la iniciativa que busca reformar el Código Civil estatal para eliminar la restricción de edad en el trámite de actas de nacimiento con cambio de nombre y género, de la misma forma reconoció a sus compañeros diputados de diferentes fracciones que se han manifestado de manera valiente en contra de la iniciativa, e hizo un llamado para que se convoque a una discusión amplia, con foros y reuniones, donde se escuche la voz de los ciudadanos y especialistas en el tema para analizar de forma pormenorizada y sobre todo a no poner en riesgo el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes sudcalifornianos.
Durante la sesión del martes 06 de junio, el legislador se pronunció en representación de la Fracción Parlamentaria del PAN como de padres y madres de familia quienes le expusieron la preocupación por la probable aprobación del tema.
“Me parece un despropósito que se quiera imponer una ideología que forma parte de la agenda de unos cuántos en este Congreso, sobre hechos biológicos y científicos”, expresó en tribuna.
El legislador condenó como “preocupante que no se haya consultado a la población sobre un tema tan trascendental y que se quiera legislar al vapor sin velar realmente por el interés superior de las niñas y niños sudcalifornianos”.
Puntualizó que no tiene sentido que se establezcan edades mínimas para muchos temas pero de manera particular en éste, que sin duda impacta en todas las áreas de su vida y en su futuro, además aportó que diversos estudios, investigaciones y especialistas en infancia, coinciden en que durante la etapa de crecimiento, el menor de edad no cuenta con la madurez necesaria para tomar ciertas decisiones y por ello deben ser protegidos hasta en tanto concluyan esas etapas de desarrollo físico, mental y emocional.
El Coordinador de la Fracción del PAN reprobó que el dictamen le atribuya facultades que no les corresponden tanto al Registro Civil como a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, quienes se encargarían de recabar el consentimiento de los niños, niñas y adolescentes y de determinar si éstos cuentan con la madurez para tomar esa decisión.
De ahí que hizo el llamado general a sus homólogos a discutir el tema como a socializarlo de manera transparente mediante foros y consultas públicas.
