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LOGRA PGJE QUE JUEZ VINCULE A PROCESO PENAL A UNA PERSONA QUE SE RELACIONA CON LOS DELITOS DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y CONTRA LA SALUD
La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que este lunes 27 del mes y año en curso, en la Sala de Oralidad de Cabo San Lucas, se realizó la audiencia inicial con detenido, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidio Doloso y su Judicialización, aportó datos de prueba que permitieron al Juez de Control dictar Auto de Vinculación a Proceso y decretar medida cautelar de prisión preventiva en contra de una persona del sexo masculino, a quien se relacionó como imputado en una carpeta de investigación, por hechos que la Ley señala como delito de homicidio en grado de tentativa y delito contra la salud, en su variante de posesión simple de cannabis sativa y clorhidrato de metanfetamina, por lo que quedó interno en el Centro de Reinserción Social de esa cabecera municipal a disposición del Juez.
El ilícito tuvo lugar el viernes 24 del mes y año en curso, el imputado detonó su arma de fuego contra agentes de investigación de la Policía Ministerial, cuando realizaban labor de investigación en la colonia Santa Rosa, donde se le encontró en posesión de 149 envoltorios de vegetal verde y seco, con las características de la mariguana, 54 envoltorios de sustancia granulada y cristalina, con las características de la droga conocida como cristal, 6 armas largas, 3 armas cortas, cargadores abastecidos y cartuchos
En dicha audiencia, el Juez de Control vinculó a proceso al imputado, determinó prisión preventiva. Otorgó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Con acciones como ésta, la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza investigaciones profesionales, científicas y jurídicas, para atender el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.
