LOGRA PGJE VINCULAR A PROCESO A IMPUTADO POR INCUMPLIMINETO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA
La Procuraduría General de Justicia del Estado informa que este miércoles 15 del mes y año en curso, se celebró en el Centro de Justicia Penal de esta capital, la audiencia de Imputación y Vinculación a Proceso, bajo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia y su Judicialización, aportó datos de prueba que permitieron al Juez de Control dictar Auto de Vinculación a Proceso y decretar medidas cautelares, en contra de una persona del sexo masculino por un hecho que la Ley señala como delito de incumplimiento de las obligaciones familiares.
El mes de junio del 2016, se presentó la persona afectada para presentar querella en contra del imputado quien incumplió con el pago de pensión, a la que se le obligó mediante sentencia dentro de controversia familiar, por lo que se inició la carpeta de investigación correspondiente, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia y su Judicialización, realizó las indagatorias y obtuvo datos de prueba que sirvieron al Ministerio Público para solicitar la audiencia inicial, en la que el Juez de Control vinculó a proceso al imputado, decretó la medida cautelar que le impide salir de la ciudad; proporcionó 2 meses para el cierre de la investigación.
El Proceso se desarrolla bajo el Sistema Procesal Penal Acusatorio y por el tipo de delito, el imputado quedó vinculado a proceso con derecho a trámite del asunto en libertad, por estar contemplado como no grave en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con acciones como ésta, la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza investigaciones profesionales, científicas y jurídicas, para atender el mandato de Ley y la instrucción del Titular del Ejecutivo de Baja California Sur, de realizar acciones que den certeza al estado de derecho y, en los hechos, poner a las personas que trasgredan el orden jurídico a disposición de la autoridad correspondiente, con respeto a sus derechos humanos.