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La XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, exhortará a la Cámara de Senadores, para que dictamine y apruebe la iniciativa para que el gobierno federal otorgue a las entidades federativas, los municipios, ejidos, comunidades agrarias, pueblos indígenas, grupos y organizaciones sociales y empresariales, la administración de las áreas naturales protegidas (ANP´S), y que éstas, no sean administradas por organismos extranjeros.
La diputada Gabriela Montoya Terrazas y el diputado Fernando Hoyos Aguilar presentaron una proposición con punto de acuerdo, luego de escuchar demandas de ejidatarios de Baja California Sur, en mesas de trabajo del análisis de la nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado, donde comprometieron respaldar la iniciativa que reforma el Artículo 67 de la Ley General de del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente presentada por el Senador Ricardo Velázquez Meza.
Dicha iniciativa propone que el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueda otorgar a los gobiernos estatales, municipales, ejidos, comunidades indígenas, entre otros, la administración de las ANP’s.
En términos generales, la iniciativa de reforma en cuestión plantea que a quien se entregue en administración un área natural protegida, ostente la nacionalidad mexicana para evitar que estas áreas sean administradas por organismos extranjeros.
Desde el Poder Legislativo de Baja California Sur, legisladores y legisladoras hacen un llamado a las senadoras por Baja California Sur Lucía Trasviña y Guadalupe Saldaña, así como al mismo Senador Ricardo Velázquez, para que impulsen y gestionen que la iniciativa sea dictaminada por las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Además del respaldo a la iniciativa, ejidatarios plantearon la necesidad urgente de preservar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales, y solicitaron una adecuada coordinación de las políticas agrarias y agropecuarias con las forestales y ambientales, sin autorizar ningún proyecto económico, comercial o turístico que afecte el medio ambiente.
