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La diputada María Luisa Ojeda González (PRD), demandó en la máxima tribuna del Estado que ninguna autoridad sea omisa en respetar y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pidió que cualquier persona no sea promovida a ocupar un cargo público por elección popular o por designación “a sabiendas de tener conocimiento de estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”.
A través de un pronunciamiento y a propósito del décimo aniversario de la aprobación de la paridad en Baja California Sur, la legisladora advirtió que todos los servidores públicos, desde el gobernador hasta los partidos políticos están obligados a cumplir la Ley 3 de 3 recientemente aprobada a nivel nacional y estatal, para que ningún agresor, ningún violentador ni deudor alimentario moroso, con sentencia firme, llegue al poder.
“La vigencia de las reformas 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres es una realidad y como tales, estamos obligadas todas y todos a garantizarlas, desde el Gobernador de la Entidad hasta los partidos políticos”.
Aseveró que si una persona no es capaz de dignificar y respetar a las mujeres, mucho menos será capaz de responder ante las obligaciones que como servidor público se le otorguen.
Hizo un llamado a la congruencia consignando que “No es posible enarbolar una bandera feminista en épocas de campaña o publicitar una Cruzada contra la No Violencia, mientras se otorgan plazas a violentadores: “¡Las mujeres de Baja California Sur merecemos respeto y dignidad!”, asestó.
Al cumplirse el décimo aniversario de la aprobación por los derechos políticos y electorales de las mujeres sudcalifornianas (2013), la legisladora también reconoció a las mujeres que hicieron posible visibilizar este derecho en la legislación, así como a todas aquellas que sumaron esfuerzos, para que la igualdad sustantiva y la democracia paritaria sean hoy una realidad.
