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La fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, llamó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal; a la presentación de dicha Secretaría estatal y a la secretaria del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social del estado, a que, de manera coordinada, realicen inspecciones de vigilancia tanto en empresas y establecimientos, como en calles y avenidas para erradicar la explotación del trabajo infantil.
En voz del diputado Fernando Hoyos Aguilar, la bancada petista integrada por Gabriela Montoya Terrazas, Luis Armando Díaz, Christian Agúndez Gómez y Fernando Hoyos Aguilar pidió a las autoridades implicadas procedan a sancionar a quienes están exponiendo a los menores a estas prácticas ilegales.
“Menores de edad laboran hasta altas horas de la noche, en Cabo San Lucas, situación que no puede pasar desaperciba por nuestras autoridades”, advirtió el representante popular.
Durante su intervención en la máxima tribuna del estado, Hoyos Aguilar, enfatizó que en el mundo según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que actualmente existen 160 millones de niñas y niños que se encuentran en situación de trabajo infantil, lo que representa casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo; de estos, se considera que 79 millones de menores realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, seguridad y desarrollo moral.
En México, de acuerdo con las últimas cifras obtenidas de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) llevada a cabo en el año 2020, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), trabajan en el territorio nacional alrededor de 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales según las estimaciones de dicho Instituto, 700 mil menores de entre 5 y 14 años y 1.1
millones de jóvenes de entre los 15 y 17 años trabajan en actividades consideradas como peligrosas. Para el caso concreto de Baja California Sur, se estima que de los 3.3 millones de menores que laboran en México, en nuestro Estado se encuentran alrededor de 6,720 en esta situación.
“Al encontrarse en una situación de vulnerabilidad constante deben de contar siempre con la máxima tutela jurídica del Estado, procurando éste, bajo cualquier circunstancia el interés superior del menor, dado que ese interés siempre debe estar enfocado a garantizar un desarrollo integral y una vida digna en todo momento del menor”.
No obstante, reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados en esta administración federal, aún hay prácticas que laceran ese desarrollo integral y la vida digna de esos desprotegidos, refiriéndose a la explotación laboral de menores de edad en Baja California Sur, que realizan labores de trabajo prohibidas constitucional y legalmente en condiciones que ponen en peligro su salud, su seguridad y su desarrollo.
