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Con la finalidad de fortalecer la protección de los derechos de la mitad de la población del estado, que son mujeres, niñas y adolescentes, con especial atención en la prevención y erradicación del feminicidio, la violencia familiar, desaparición forzada, la violencia sexual, entornos escolares libres de violencia, y la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, la Diputada Eda Palacios presentó a la consideración del Congreso del Estado, una iniciativa que reforma y adiciona 8 leyes estatales.
Dentro de las propuestas más relevantes, está crear en la Ley de Victimas del Estado, una pensión económica a niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad o desamparados con motivos de que su mamá haya sido víctima de un feminicidio. Se propone que se determine un apoyo mensual o bimestral que se entregará hasta que los hijos de las víctimas cumplan 18 años.
Se eleva a rango de la ley, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra las Mujeres, que había sido creada mediante acuerdo del Procurador de Justicia desde el 06 de marzo de 2020. Ello facilitará que dicha fiscalía pueda fortalecerse en materia presupuestal, equipamiento y recursos humanos para que se atienda de manera óptima la atención a las denuncias que presentan las mujeres en la geografía estatal.
En la lectura de la iniciativa, la diputada dijo que “como entidad federativa, no podemos permitir ni tolerar la violencia hacia las mujeres, ni a nuestra niñez y juventud, debemos construir un marco legal que obligue a nuestras autoridades actuar con antelación y prontitud, y que nos permita a nosotros como ciudadanos, vivir en ambientes de paz, libres de violencia y libres de feminicidios”.
En las adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, se agregó un capítulo sobre niñas, niños y adolescentes en situaciones especiales. Se propuso que la Dirección del Transporte Estatal, implemente políticas públicas y programas para la prevención y atención de la violencia de género y desapariciones en el transporte público con base en un sistema de georreferenciación a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y que no se otorgue o renueve concesión alguna, si el concesionario no acredita previamente la capacitación de las y los choferes en temas relacionados con la prevención de las violencias contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como en materia de desaparición de personas que para tal efecto se determine.
En similares términos, se adiciona la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, para integrar obligaciones de salvaguarda especial para casos de mujeres con riesgo feminicida, y para establecer el sustento legal para la georreferenciación del transporte público para la prevención y atención de conductas delictivas.
Para el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, conviene decir que es una ley que se encuentra actualizada con los parámetros nacionales e internacionales, por lo que sólo se le agrega que uno de los principios para el dictado de las órdenes de protección hacia la mujer, deberá ser la inmediatez.
En la Ley de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para el Estado se propone integrar como parte de las medidas de prevención del delito en el diseño de las políticas públicas para la prevención, atención y la erradicación de todos los tipos y modalidades de la violencia de género.
Por último, a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia y el Maltrato Escolar del Estado se agrega reconocer la violencia sexual, en el entorno escolar, como una modalidad de violencia.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Igualdad de Género y de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes.
