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Para garantizar los principios constitucionales en materia de derechos humanos, en lo referente a protocolos de actuación, la Diputada María Guadalupe Moreno Higuera, presentó iniciativa con proyecto de decreto que garantiza el cumplimiento del orden legal y la preservación de los derechos humanos, la implementación del modelo de conducta y la actuación uniforme para todo el personal policial del Estado y los cinco municipios.
En ese sentido, en aras de proteger y garantizar los derechos de la población LGBTTI, personas con discapacidad, indígenas y afro americanos y de la tercera edad, se establecen líneas de acción para la protección de los derechos humanos mediante el trato digno hacia este sector de la población por parte de los policías estatales y municipales.
“Buscamos que las funciones que le competen a la Secretaría de Seguridad Pública, evolucionen impactando tanto el personal administrativo, como al operativo, en el sentido de que actúen de forma ordenada y sistematizada en todos los protocolos de actuación policial cuando ejecuten acciones con o en contra de personas que integren grupo de atención prioritaria”.
Los protocolos aludidos son: Para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual laboral; de actuación en materia de derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, para aplicarse por los servidores públicos que integran la dirección de servicios previos; De actuación policial para la atención a víctimas del delito y De actuación en materia de derechos con personas con discapacidad, para aplicarse por los servidores públicos que integran la dirección de servicios.
Lo anterior, tiende a mejorar sus niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de su función, respecto a la preservación del orden público, valorando su condición suprema de primer respondiente en la cadena de cultura de paz y justicia en México.
En adición, esta iniciativa (que se asignó para su análisis y discusión a la Comisión Permanente de Seguridad Pública), elimina también riesgos de discrecionalidad y arbitrariedad que pueden derivar en fuente directa del incumplimiento del orden constitucional y convencional con el que se llevan a cabo violaciones a los derechos humanos por servidores públicos.
