A fin de evitar riesgos de legalidad que impacten negativamente en las arcas municipales por la controversia generada en la legislatura pasada, el Ayuntamiento de Loreto y la Diputada Paz del Alma Ochoa Amador presentaron una nueva Ley Hacendaria para el municipio de Loreto.
La representante explicó que en su momento el Ayuntamiento de Loreto presentó su propuesta de ley en 2019, sin embargo derivado de la falta de certeza jurídica de la entonces mesa directiva de la XV Legislatura del Congreso del Estado, por un lado, y de que ya se han presentado amparos y devoluciones de impuestos que representan al Ayuntamiento loretano perdidas por los 3mdp, por otro, el Ayuntamiento y la legisladora repiten el proceso legislativo, a fin de darle certeza legal y actualizar el régimen.
La iniciativa contempla ligeras variaciones principalmente en las fuentes de ingreso que desde 2016 pasaron a ser administradas por el gobierno estatal, tales como Registro civil, Registro Público y lo referente al Control vehicular los cuales se abrogan.
Se incorpora un catálogo de sanciones, derivado de la regulación establecida en los artículos 77 BIS Y 77 TER de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, en relación a la restricción en cuanto a la venta, facilitación y obsequio de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares.
Se incorporan sanciones para el caso de que no se cuente una licencia previa expedida por la Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas Municipal para edificar, reedificar, ampliar o reconstruir las fincas ubicada en las poblaciones del Municipio de Loreto, y también cuando se violen los sellos de clausurado.
La violación de sellos de clausurado por no contar con la licencia respectiva se sancionará al propietario de la construcción con el equivalente a doscientas (200) veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Por último, se incorpora la regulación de tarifas por servicios prestados por el área municipal de protección civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos para el Estado y Municipios de Baja California Sur, y en el reglamento municipal de protección civil aprobado por el Cabildo en el mes de septiembre de 2019.