Radio Activo BCS Revista de entretenimiento, noticias y más…
- Atenderá controversias entre la administración pública con particulares
Con la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa, Baja California Sur cuenta con órgano completamente autónomo y competente para dictar resoluciones respecto a controversias que ocurran entre la administración pública estatal o las municipales con los particulares, señaló el gobernador Carlos Mendoza Davis luego de conminar a esta institución a ser vigilante del actuar de los servidores públicos y validar sus actos y cuando sea necesario, sancionarlos con la severidad que marque la Ley.
Durante el acto protocolario de la instalación de la Salas Especializadas en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas, Mendoza Davis dijo que a partir de hoy contamos con todos los operadores de nuestro sistema anticorrupción para responder a la demanda ciudadana de honradez y rendición de cuentas.
En presencia del alcalde Armando Martínez Vega y de los titulares de los poderes Legislativo, Francisco Javier Arce Arce y Judicial, Daniel Gallo Roddríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, Mendoza Davis consideró este hecho como un logro de la ciudadanía quien se empodera frente a sus autoridades en la exigencia de una función transparente, correcta y honrada.
“Se trata de una instancia nueva, creada en conjunto entre Gobierno y sociedad, que tiene como fin la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción”, dijo.
El Tribunal combatirá las acciones de quienes en lugar de cumplir con la función pública de servir, se valen de sus posiciones para obtener beneficios y prebendas, puntualizó el Ejecutivo estatal.
Por su parte Angélica Arenal Ceseña, magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en la entidad, destacó la transformación de la justicia Administrativa en Baja California Sur, que va más allá de la creación de la estructura orgánica, pues se instituye una nueva época en la impartición de la justicia ya que el Tribunal tendrá competencia para imponer sanciones a los servidores públicos del Estado y municipios vinculados con responsabilidades administrativas graves, fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños causados al erario público, así como la posibilidad de imponer sanciones a particulares vinculados a responsabilidades administrativas graves.
