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A fin de contar con un control de información sobre la frecuencia de esta irregularidad y generar las herramientas suficientes para que los padres que incumplen con la pensión alimenticia se vean obligados a responsabilizarse con los gastos de sus hijos, la diputada Anita Beltrán Peralta (PRI) propuso la creación del Registro de Deudores Alimentarios en la entidad el cual estaría a cargo del Registro Civil.
Durante la sesión ordinaria del 05 de noviembre, la legisladora planteó a la XV Legislatura reformas y adiciones al Código Civil de Baja California Sur para la integración de dicho registro, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de 90 días sus obligaciones alimentarias ordenadas por los jueces y tribunales o establecidos en convenio judicial.
También, la iniciativa faculta al Registro Civil para que pueda solicitar información al Registro Público de la Propiedad y el Comercio a fin de que permita anotar el certificado respectivo en los folios reales de los bienes inmuebles que sea propietario el deudor; así mismo podrá suscribir convenios con instituciones crediticias para conocer de la información financiera del padre incumplido.
Por otro lado, se busca establecer el deber de proporcionar información del Registro de Deudores Alimentarios a las Oficialías del Registro Civil, para que “en caso de que alguna de las partes requiera contraer nuevo matrimonio, el Oficial del Registro Civil haga del conocimiento de las personas si uno de los contrayentes se encuentra o no en el Registro de Deudores Alimentarios”. Aunque no sería un impedimento para casarse, proporcionará un antecedente para quienes quieran contraer matrimonio civil o concubinato, conozcan si su futuro cónyuge ha incumplido con las obligaciones alimentarias en otra relación previa o actual. Se espera que a la posteridad estas acciones influyan en la disminución de los porcentajes señalados de casos de incumplimiento”, expuso la representante del PRI.
La legisladora citó que según el INEGI el porcentaje de madres solteras que no reciben una pensión alimenticia es de 67.5%, tomando en consideración que tres de cada cuatro menores son hijos de padres separados y no perciben una pensión.
Dijo que las estadísticas muestran que año con año, son más las personas que se divorcian o separan y a esta acción sobreviene cuando menos un menor que tiene derechos de ser reconocido legalmente y genera obligaciones por parte del padre o la madre de proporcionar una pensión alimentaria.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia.
