Derivado de la alta incidencia de violencia mortal contra las y los policías en el último año, y de acuerdo con los reportes de la organización Causa en Común, los cuales señalan que en lo que va de 2023 han asesinado, al menos, a 143 policías en el país, 28% más casos que los registrados en el mismo periodo de 2022, el diputado Fernando Hoyos Aguilar (PT) presentó al pleno Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual busca reformar el primer párrafo y adiciona la fracción X del artículo 144 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
En tribuna, Hoyos Aguilar sentenció que la iniciativa intenta dar un avance al derecho punitivo en el Estado para concentrar su actuación en aquellas conductas que revisten mayor peligrosidad y daño social, a los cuerpos policiales cuando desempeñan su labor; añadió que, la iniciativa en mención, persigue el propósito de revalorizar la función policial y dar una protección reforzada a todas y todos aquellos que integran los cuerpos de seguridad pública del Estado y municipios que se dedican a la investigación, los que prestan sus servicios en los juzgados locales en los centros de readaptación y reinserción social, de todas y todos los policías que cuidan del patrimonio e integridad física de los sudcalifornianos, quienes por la naturaleza de las funciones administrativas y operativas que realizan se exponen a sufrir agresiones que pueden ir desde lesiones simples a las mortales.
Finalmente añadió que la doctrina penal contemporánea considera que la pena privativa de la libertad debe ser para quien realmente la merezca; razón por la cual, se debe tomar en cuenta que el derecho penal es la más severa reacción del Estado en contra de quienes cometen acciones penales injustas, reprochándoles su conducta con la perdida de la libertad en caso de delitos graves o calificados, por lo que su empleo debe someterse a rigurosas pautas de aplicación.