Propone la Diputada Eda María Palacios la obligatoriedad para que el Estado y los Ayuntamientos destinen mayores recursos a las Obras públicas en zonas rurales

La diputada Eda María Palacios Márquez (PRS) presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el párrafo tercero del articulo 77 y se adiciona una fracción XIII al artículo 17, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para destinar un porcentaje del presupuesto para la realización de obra pública en las localidades rurales principalmente del municipio de Los Cabos y demás municipios, el cual no podrá ser inferior al 10% del monto destinado para obra pública en el ámbito estatal y municipal del ejercicio fiscal correspondiente.

Propone también que las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de cincoaños, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.

Lo anterior con el objeto de redoblar los esfuerzos presupuestales para que a las zonas rurales de los municipios se les garanticen el desarrollo social y humano al que tienen derecho, dado que el estado y los municipios con independencia de esos fondos les llegan los recursos etiquetados de la federación, por lo que, de aumentar y destinar mayores presupuestos para la obra pública en zona rural, este impactaría de mejor manera en el desarrollo en las localidades.

La representante popular añadió que, con la disposición de que los expedientes se conserven por un lapso de cinco años, se fortalece la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización del gasto público, debido a que las obras públicas desde el momento que se licitan y hasta que culminan su ejecución les puede tomar varios años, máxime cuando son obras de gran magnitud y que trascienden incluso a una administración municipal o estatal, motivo por el cual las autoridades fiscalizadoras deben contar con toda la información de las obras públicas para realizar un análisis adecuado en caso de ser necesario.