Propone la diputada María Luisa Trejo se adicionen disposiciones al Código Civil Estatal en materia de justicia con Perspectiva de Género

Con el objeto de visualizar en el Código Civil del Estado de Baja California Sur la obligación de juzgar con Perspectiva de Género y en protección de las personas adultas mayores, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó una iniciativa para que, las y los juzgadores al aprobar los convenios derivados de divorcio o emitir la sentencia, garanticen la protección de su patrimonio personal y familiar.

Así mismo, que en toda controversia jurisdiccional en la que se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se deba tomar en cuenta por el Juzgador o la Juzgadora a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria; de igual modo, la nulidad de la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no reserva en propiedad lo necesario para vivir según sus circunstancias o bien se advierta que ésta se realizó en un contexto de violencia, discriminación o por razones de género.

La legisladora destacó que, si bien, el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, en la realidad muchas mujeres y personas adultas mayores cuando son juzgados, las juezas y los jueces no toman en consideración su condición especial y permiten la celebración de convenios de divorcio o actos jurídicos como donaciones donde son despojados jurídicamente de lo que por derecho les corresponde.

Es por ello que propone adicionar disposiciones al Código Civil Estatal en materia de justicia con Perspectiva de Género y avanzar en la búsqueda de la igualdad de las mujeres y personas adultas mayores al acceder a la justicia, dotando de normas sustantivas que dispongan con claridad la obligación de los juzgadores de juzgar con perspectiva de género y en un marco de protección los grupos vulnerables. La  propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.