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Proponen Diputadas unidades tácticas de policía especializada en violencia intrafamiliar y reformas en materia de acoso y hostigamiento sexual

Proponen diputadas la creación de la Unidad Táctica Policial Estatal Especializada en Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Género a cargo la Secretaría de Seguridad Pública, la incorporación de una clave operativa al 911 “Código Naranja”, para atender a las víctimas de violencia hacia la mujer, así como reformar y armonizar el Código Civil con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia estatal para una protección más efectiva de las víctimas de acoso sexual y hostigamiento sexual.

En el marco del día internacional de la no violencia hacia las mujeres en la XVI las legisladoras continuaron con la agenda legislativa para abatir la violencia hacia la mujer; la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, mediante un punto de acuerdo propuso la creación de la corporación con  protocolos de actuación que garanticen una respuesta inmediata ante los reportes de amenaza de las víctimas con órdenes de protección, en el siguiente orden de prelación:  atención inmediata al reporte;  resguardo de la víctima; localización del agresor y seguimiento de la orden en los plazos y formas que marca la ley.

Llamó también a las alcaldesas y alcalde de Los Cabos para que instituyan una Unidad Táctica Policial Municipal Especializada en Atención y Prevención de la Violencia Familiar y de Género, y en su momento, informen a la asamblea sobre su determinación al petitorio.

Por su parte la diputada María Luisa Ojeda González, presidenta de la Comisión de Igualdad de generó presentó las propuestas de reforma al Código Civil y Ley de Acceso, “la propuesta vaya en el sentido de dar una más amplia protección al derecho que tienen las mujeres y los hombres a que se les trate con el debido respeto en sus lugares de trabajo, puesto que las víctimas del acoso sexual, son de ambos sexos”.

Se propone “Artículo 183. Acoso sexual. Comete el delito de acoso sexual quien se exprese verbal o físicamente de manera degradante en relación a la sexualidad de otra persona, dañando con ello su dignidad o su libertad, sin que exista subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, dicha conducta será sancionada con una pena de seis meses a un año de prisión”.

Durante la sesión también se dio lectura al dictamen de la comisión de igualdad de género relativa a una iniciativa que de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre sin Violencia,

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