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El Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Electoral y Tribunal de Justicia Administrativa deberán poner a disposición del público y actualizar sistemática y permanentemente las versiones públicas de todas las sentencias que emitan.
Lo anterior, de acuerdo al dictamen presentado en primera lectura, por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, la mañana de este jueves en la cámara de diputados sudcaliforniana, con relación a iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se propuso reformar los artículos 79 y 80 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur.
La citada reforma, implica publicar las sentencias que emiten jueces y magistrados estatales en las modalidades y versiones que posibiliten la protección de datos personales y los datos personales sensibles, particularmente de las partes en litigio, de las víctimas y principalmente de niñas, niños y adolescentes que intervienen en los procesos jurisdiccionales.
Es pertinente destacar que la obligación dispuesta en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación para efectos generales y de impacto espacial en todo el territorio nacional y de aplicación a los sujetos obligados de la federación y de las entidades federativas.
No obstante, hasta marzo de 2021 sólo once entidades ya tienen la reforma y son: Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.
