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La Paz, Baja California Sur, a 1 de Agosto de 2017.- Con la finalidad de fortalecer los derechos de las personas adultas mayores en la entidad, la Diputada Norma Alicia Peña Rodríguez presentó iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado en el sentido de que los sectores social, público y privado garanticen una mejor atención a las mujeres y hombres mayores de 60 años y con ello ofrecerles una mejor calidad de vida.
El objetivo de la iniciativa establece que se busca implementar un un programa estatal intersectorial preferente en el que a través de acciones generadas, observadas, aplicadas y supervisadas por los distintos sectores que conforman la sociedad “permitan hacer realidad beneficios tangibles y atención preferente en la prestación de servicios a un sector importante de la población que hoy por hoy, “por su propia naturaleza es contemplado como un grupo vulnerable”.
Precisa la representante del Primer Distrito Electoral en la XIV Legislatura que se busca con estas reformas ir construyendo una cultura de la inclusión en la sociedad sudcaliforniana que respalde a las personas adultas mayores, pero sobre todo a aquellas que se encuentran en grado de vulnerabilidad social. Precisa que una de las formas para favorecer mejores condiciones de vida de estas personas “desde la perspectiva de propiciar en los centros de atención a clientes de diversos servicios federales, estatales y municipales, centros comerciales de autoservicio, bancos, centros de entretenimiento, transporte y en general cualquier establecimiento público o privado que sean habilitados puestos en operación y supervisados permanentemente el cumplimiento de las disposiciones legales que permitan ofrecer y recibir atención preferente”.
Las instituciones estatales que tendrán injerencia en la aplicación de esta Ley son el Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría General de Gobierno, instancias que tendrán bajo su responsabilidad el dar seguimiento a las políticas públicas que se implementen a favor de este sector de la población, así como un registro puntual de la situación y condición de las personas mayores de 60 años en el estado.
