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A fin de evitar dejar a la víctima de delitos sexuales en indefensión y que no se permita la impunidad del agresor, la diputada María Luisa Ojeda González propuso que en los casos de delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual en agravio de las personas afectadas, incluyendo menores de edad y personas que no tengan capacidad para comprender el hecho, no aplique la prescripción.
La legisladora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, propuso reformar el artículo 112 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
Lamentó el incremento de casos en la entidad, la cual se ubicó en el top 10 de los Estados de mayor incidencia de emergencias relacionadas con delitos que afectan a las mujeres, entre las que destacan: séptimo lugar en incidentes de violación, octavo lugar en incidentes de abuso sexual y décimo lugar en incidentes de acoso y hostigamiento sexual, según el reporte de la Información sobre Violencia contra las Mujeres (Incidencia Delictiva y Llamadas de Emergencia 911), que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así también, que de 2022 a 2023 el delito de acoso sexual aumentó 63.79% /de 111 a 174 casos) y el hostigamiento sexual en 59.09% (de 13 a 22 casos), en tanto que la violación simple un 08.5% (de 247 a 268 casos).
Y lamentó también que aún falta la cultura de la denuncia en la entidad, la cual es causa que estos delitos afectan a las víctimas en cualquier etapa de su desarrollo.
Ojeda González afirmó que la legislación penal local debe adecuarse conforme a las necesidades y al entorno que la víctima de algún delito de índole sexual que vivió o está viviendo, así como para que pueda ejercer sus derechos cuando esté preparada física, psicológica y emocionalmente.
Ni una menos. Sólo 3 de cada 100 ataques sexuales en México se castigan, dijo al recordar que los delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, así como los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos en contra de las personas mayores de edad y menores de 18 años de edad, “ha sido una tarea que he abrazado desde el inicio de la presente legislatura, porque sé de la importancia que tiene que hoy garanticemos a la ciudadanía un marco normativo que responda y atienda a sus demandas”.
