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En sesión ordinaria llevada a cabo el jueves 17 de marzo, el Pleno del Congreso de Baja California Sur recibió dos iniciativas ciudadanas para garantizar el principio de paridad de género en el Tribunal Superior de Justicia y gabinetes de primer nivel de Ayuntamientos, y una segunda iniciativa referente al aborto.
El secretario de la mesa directiva, diputado Carlos Van Wormer Ruiz dio lectura a ambas iniciativas del ciudadano Enrique Arturo Mayorquín; la primera propone reformar la Constitución de Baja California Sur, la Ley orgánica del Poder Juridicial y la Ley Orgánica Municipal, para que los nombramientos en la conformación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la designación de magistrados, el Consejo de la Judicatura, selección de funcionarios y auxiliares del Poder Judicial, garanticen el principio de paridad de género, incluyendo la terna enviada por el Gobernador del Estado deberá garantizar la paridad de género.
En el caso de los Ayuntamiento para que “en los casos de conformación del gabinete de primer nivel de la administración pública municipal, establecido en el artículo 154 de esta constitución y en los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica Municipal, deberá garantizarse el principio de paridad de género…”.
En el caso de la segunda iniciativa propuesta el ciudadano propone reformas al Código penal y a Ley de Salud para reformar el concepto de aborto actualmente definido en el código Penal como “es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo” por la nueva redacción “es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”.
Así como ampliar penas a quienes obliguen a mujeres a practicarse el aborto.
En el artículo 152 referente al aborto con consentimiento que actualmente establece penas de 6 meses a 2 años de prisión o trabajo a favor de la comunidad hasta por 200 jornadas propone reformar por: “se impondrá 3 a 5 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consciente en que otro la haga abortar, después de las 12 semanas de embarazo. En este caso el delito de aborto se sancionará cuando se haya consumado. Aumenta la pena para quien hiciera abortar a una mujer, de 1 a 3 años”.
Sin consentimiento aumenta de 5 a 8 años y de 8 a 10 años si hubiere violencia física o moral.
Deroga el artículo 155 que contempla prisión de 6 meses a 2 años o trabajo de 200 jornadas.
Fueron turnadas a las comisiones de puntos constitucionales y de justicia así como de la salud, la familia y la asistencia.
