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El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba Camacho urgió a las autoridades estatales a instalar el Protocolo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, esto, luego del asesinato del reportero de la fuente policiaca Maximino Rodríguez Palacios y alerto sobre los graves obstáculos que enfrenta la Libertad de Expresión, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren los y las periodistas por parte del crimen organizado y que afecta psicológicamente a familiares de estos.
El Ombudsman sudcaliforniano lamento los hechos registrados el pasado sábado en esta capital donde le arrebataron la vida al periodista Max Rodríguez, lo que deja claro dijo, que la violencia plantea serios retos a los medios de comunicación por la labor que desarrollan, por lo que reitero la pronta instalación del dicho protocolos de protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos en Baja California Sur.
Dijo se debe garantizar la seguridad de los periodistas, de sus familias y de los defensores de derechos humanos, ya que es un tema que ha cobrado prioridad debido a que desarrollan sus actividades, la que se ha visto grave y crecientemente afectada por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, asesinatos y otros por el crimen organizado, lo que genera zozobra y autocensura. Priva a la sociedad en general de su derecho de estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incremento la impunidad.
De la Toba Camacho ofreció trabajar coordinadamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la Procuraduría General de la República y con la del Estado de Baja California Sur así como con la quinta Visitaduría de la CNDH con quien ya hay comunicación a fin de esclarecer este horrendo crimen en contra de la Libertad de Expresión en la persona del periodista Maximino Rodríguez Palacios y reitero el compromiso de atender todas aquellas quejas que se presenten en la Comisión Estatal de Derechos Humanos respeto a la violación, intimidación u hostigamiento en contra de cualquier comunicador o defensor de los derechos humanos o de familiares de estos en Baja California Sur.
