Registro de vehículos en proceso de regularización es un mecanismo de seguridad para todos: Zamorano Martínez

Registro de vehículos en proceso de regularización es un mecanismo de seguridad para todos: Zamorano Martínez

Los Cabos, BCS., 19 de marzo (Gobierno Municipal).- Contar con un registro oficial de los vehículos que están en proceso de regularización es importante tanto para los poseedores como para los ciudadanos en general, pues ello permitirá una mejor actuación en caso de ocurrir un delito o accidente, informó el director general de la Policía de Los Cabos, Capitán de Navío, Juan José Zamorano Martínez.

Explicó que en el pasado 14 de marzo el H. Cabildo de Los Cabos, en el ejercicio de los derechos y de la autonomía que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó una serie de modificaciones al Reglamento de Tránsito, en éste caso en el artículo 28, fracción IV, se prevé la obligatoriedad de realizar un registro municipal.

Detalló que, tratándose de vehículos de procedencia extranjera en trámite de regularización, por conducto de empresas o asociaciones civiles, deberán anualmente registrarse con comprobante de domicilio del poseedor o propietario, sin que esto signifique una regularización; ya que dicho registro es para efectos de identificación del vehículo. Destacó que éste registro debe realizarse independientemente si el vehículo se encuentra afiliado o no a alguna organización creada para los fines de regularización vehicular

Añadió que éste registro es útil no sólo para quienes conducen un automóvil con dichas características sino también para la población en general, pues, en un hecho de tránsito es posible identificar a quienes participan en él, o en caso de robo del vehículo se puede demostrar la posesión, un requisito mínimo para la recuperación de un bien patrimonial, ejemplificó.

Finalmente, dijo que es importante la colaboración de todos para seguir construyendo un municipio donde existan mecanismo que permitan un entorno más seguro en el que las personas y el patrimonio de las familias tenga mejores garantías.