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- Firma decreto que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.
- Es una iniciativa de naturaleza ciudadana, apuntó.
“Nada ni nadie por encima de ley”, aseguró el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, al firmar el decreto que expide la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California Sur, tras su aprobación en el Congreso del Estado.
Acompañado por el secretario General de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, y la titular de la Contraloría General, Sonia Murillo Manríquez, el titular del Poder Ejecutivo señaló que Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California Sur es el primer paso para extirpar un tumor maligno para toda la sociedad: la corrupción.
Asimismo, recordó que esta propuesta se construyó de la mano con la sociedad y fue una iniciativa presentada en diciembre pasado junto con todos los diputados y diputadas de las fracciones de los partidos Acción Nacional y de Renovación Sudcaliforniana. “Hoy es una realidad y eso, como sociedad, nos debe llenar de satisfacción pues se ha construido una base que empodera a la ciudadanía para luchar contra la corrupción”, apuntó.
Contar con una base sólida en la Constitución es el primer paso, pues de ahí emanarán normas complementarias que se presentarán en tiempo al Congreso del Estado, adelantó el gobernador Mendoza Davis.
El sistema contempla la creación de un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas que hayan destacado por su contribución en materia de transparencia, rendición de cuentas, procuración de justicia o combate a la corrupción. Su función será la de vincular permanentemente el sistema con organizaciones sociales y académicas.
En materia de persecución de delitos, habrá una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, con autonomía técnica y de gestión, así mismo un Tribunal de Justicia Administrativa, autónomo y especializado, conocerá de las acusaciones graves de corrupción en contra de servidores públicos y particulares.
Con la entrada en vigor del Sistema, se podrán imponer sanciones a los particulares que, en colusión con servidores públicos, participen en actos de corrupción. De igual forma, se modifican los periodos de prescripción de acciones legales contra la corrupción de hasta 7 años.
“Reintegrar la ética, la honestidad, la decencia y la empatía en el funcionamiento del gobierno, fue uno de los compromisos sustantivos que asumimos con los sudcalifornianos”, mencionó para finalizar el gobernador Mendoza Davis, antes de señalar que con el Sistema Estatal Anticorrupción precisamente se fortalecerá la confianza de la gente en sus autoridades.
