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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la dirección de
Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada (UMECAS), en coordinación con la Dirección de Servicios Post-penales; supervisan a 67 personas que se encuentran bajo seguimiento por la comisión de actos contrarios a la ley, y que están realizando actividades de trabajo comunitario, dio a conocer su director, Alfonso Amador Chávez.
Al respecto, el funcionario explicó que el objetivo de las supervisiones es completar el proceso de reinserción social, donde se verifica que se cumplan las obligaciones en libertad que le fueron impuestas por el juez de ejecución, y que en caso contrario se analice cada situación en particular, e incluso se revoque dicho beneficio ingresando al centro penitenciario a quien incumpla.
“La labor de supervisión se realiza conjuntando esfuerzos con el área de Servicios Post-penales; de esta forma se logra un trabajo más eficiente en favor de una reinserción social exitosa, integrando a las personas bajo supervisión en actividades que beneficien a la comunidad y generen una dinámica de pertenencia, responsabilidad y trabajo honesto” indico.
En ese sentido, Amador Chávez precisó que la supervisión es para quienes han obtenido un beneficio de pre liberación o libertad condicionada, consistiendo dicha labor en dar seguimiento con visitas domiciliarias así como verificaciones a sus respectivos centros laborales, entrevistas con familiares, vecinos y compañeros de trabajo, además de recabar las firmas mensuales y constatar que cumplan con su servicio en favor de la comunidad.
Dentro de los esfuerzos para lograr la reinserción social, agregó, se canaliza a los supervisados ante instituciones públicas o privadas para que reciban tratamientos, apoyo y terapias como Alcohólicos Anónimos (AA), o bien, ante empresas locales para que estén en posibilidad de conseguir empleo.
El área de UMECAS, cuenta con siete oficinas en los cinco municipios, así como personal capacitado que actualmente da seguimiento y supervisión, a un total de 67 sentenciados en Baja California Sur, distribuidos 21 en Los Cabos, 15 en La Paz, 8 en Comondú, 1 en Loreto y 22 en Mulegé, siendo los delitos más frecuentes de robo, contra la salud y lesiones.
