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Informo a la sociedad sobre mi decisión de vetar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que pretende imponer el congreso estatal en contra de los intereses de las y los Sudcalifornianos.
Esta decisión, sin antecedente en el Estado, implica que las leyes aprobadas para este año, el 2020, continuarán vigentes. Nuestra Constitución estatal, en su artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y tercero señala que cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado, se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha mas reciente en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Vetaremos también las reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal.
El veto responde a una convicción: las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral.
Lo aprobado por el congreso estatal impide continuar con la atención de salud para las familias, borra la posibilidad de apoyar a la economía familiar y pone en riesgo la seguridad pública que tanto nos ha costado recuperar.
No lo vamos a permitir. Vamos a enfrentar a la tentación con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la ley.
El Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación; en un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y, con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al reducir en 60% el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Dicha reducción irracional, que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o investigación, impacta directamente a conceptos indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal.
Ejemplo de lo anterior lo constituye el pago del seguro catastrófico que ante la cancelación del FONDEN se convierte en la única previsión que se tiene ante la llegada de algún fenómeno metereológico que nos impacte y cause daños. Se afecta de igual manera el pago de servicio de energía eléctrica, de agua potable, servicio telefónico e internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.
Aunado a estas afectaciones, se pretende asignar un 2% adicional a las participaciones que se asignaron a los municipios en el en el presupuesto de 2020, sin considerar que Baja California Sur es actualmente la entidad que mayor porcentaje de participaciones federales entrega a sus municipios a nivel nacional.
En suma, la pretensión de los diputados implica disminuir a la administración pública estatal aproximadamente 400 millones de pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública y el sostenimiento de la educación en nuestra entidad.
El legislativo ha olvidado que debe responder a los reclamos sociales y no a los mandatos partidistas. Llama la atención que la reducción presupuestal no alcance de manera alguna al presupuesto del propio Poder Legislativo. Reza el refrán, “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”.
En Baja California Sur no vamos a abandonar a las familias. Vamos a defender su salud, la economía de los hogares, su seguridad. Eso no es posible con las leyes y presupuesto que pretenden el Congreso imponer y que olvida el luto, la enfermedad y la angustia económica de la gente.
Tenemos la razón legal y la tranquilidad moral para frenar el abuso, impedir el fanatismo y defender el Interés público que siempre prevalecerá sobre el interés electoral.
El poder ejecutivo estatal no actúa por interés partidario ni se aleja de la gente.
La Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Coordinación Fiscal aprobados por el Congreso responden, tristemente, a una lógica facciosa y mezquina. Más aún cuando fueron modificados de manera irresponsable y sin realizar el análisis riguroso sobre el impacto económico que la normatividad exige para mantener finanzas públicas que permitan atender las necesidades mas apremiantes de la población.
El Gobierno del Estado requiere de recursos suficientes para brindar los servicios que por ley está obligado a prestar a la gente.
No permitiremos que esta arbitraria decisión del legislativo afecte la vida y la salud de las y los sudcalifornianos, con lo cual se podría generar una crisis humanitaria.
No aceptamos que mas personas enfermen. Tenemos que actuar de la mejor manera posible, con todos los recursos disponibles frente al reto sin precedentes que enfrentamos.
No admitimos que los negocios quiebren y las familias sufran.
No permitiremos que la gente se quede sin empleo y sin ingreso.
No vamos a permitir que se destruya nuestra tranquilidad.
Por eso el veto.
