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En el 2do. Parlamento de Mujeres realizado este jueves, las congresistas exhortaron a las autoridades educativas para que creen un programa de corresponsabilidad social en la conciliación de las responsabilidades de cuidados y las actividades académicas en las instituciones de educación superior, que apoye a quienes se encuentren embarazadas, cuidando a personas menores, adultas mayores, con discapacidad, o personas dependientes para garantizar su permanencia y conclusión de sus estudios.
Y es que, culturalmente las mujeres asumen roles de cuidado en la familia con los integrantes que se encuentren en condición de vulnerabilidad, como niños de 0 a 5 años, personas adultas mayores, con discapacidad o enfermedades crónicas; tareas de cuidado impuestas o autoimpuestas, por lo que proponen desarrollar tres acciones afirmativas que consisten en dar difusión de los derechos de las mujeres en los medios masivos de comunicación, generar espacios para el desarrollo de la sororidad entre cuidadoras, construyendo redes de apoyo mutuo, el establecimiento de un centro de asesoría legal para que las mujeres conozcan sus derechos, cuando éstos se han vulnerado y cuáles son los mecanismos para su defensa resaltando la prioridad del Estado para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, de conformidad con el marco convencional suscrito por el país.
En sesión solemne, bajo la presidencia de la diputada Karla Yesenia González Gavaraín, propusieron también exhortar al Gobierno del Estado para que a través del Instituto de Vivienda se garantice el derecho humano de acceso a una vivienda digna; a la Secretaría de Trabajo, Desarrollo y Previsión Social así como al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), para que se creen albergues temporales para personas jornaleras agrícolas, para atender las necesidades básicas de las personas que por alguna situación, sus empleadores les hayan dejado en situación de abandono e indefensión.
Las parlamentarias, pidieron que se elabore una iniciativa con proyecto de decreto para que las mujeres puedan reclamar la pensión alimenticia, a pesar de que los hijos e hijas hayan cumplido la mayoría de edad, así como poder reclamar un interés financiero sobre el monto total adeudado en favor de la acreedora de la pensión, en razón de los gastos y costos realizados durante todo el tiempo que duró la manutención, con el fin de que tengan una justa indemnización y adecuado acceso a la justicia, reconociendo la labor de cuidado de las madres.
Desde tribuna, donde participaron las diputadas Évelin Lezlie Rodríguez León; Elva Celia Soto Camacho y Luz Margarita Guevara López, en la relatoría que resumió las conclusiones y acuerdos consensuados, solicitaron se reforme la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y los Municipios de Baja California Sur, para que se otorgue un descanso a mujeres menstruantes que se ven imposibilitadas para realizar su jornada laboral a causa de los malestares físicos.
En estos tres días de intenso trabajo y deliberaciones, los principales temas que presentaron hoy en tribuna, versan sobre la necesidad imperante de salvaguardar el bienestar y derecho de madres y familia que fueron víctimas de violencia de género y/o feminicidios; cuidado de la primera infancia y preescolar, servicios que permiten a las madres jefas de familia tener un trabajo remunerado fuera del hogar y contribuyen al desarrollo integral infantil.
Las congresistas sudcalifornianas, propusieron reformar el Código Civil del Estado en lo referente al juicio de patria potestad que en los casos de violencia género o feminicidio, donde los familiares de la persona violentada la custodia de la niña, niño o adolescente; sea a través de un juicio sumario para evitar la dilación a través de la interposición de recursos innecesarios.
Igualmente, la elaboración de un “Protocolo de atención a casos de Discriminación y Violencia hacia las Mujeres en la Administración Pública del Estado y Municipios de Baja California Sur”, que articule los distintos instrumentos normativos en la materia y que dicho protocolo sea formalizado por el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres en atención a lo que le mandata la Ley del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
Pidieron espacios seguros para los hijos e hijas del personal de seguridad pública, sobre todo de las mujeres, ya que es un grave problema para ellas el desarrollarse profesionalmente para aspirar a puestos de mando, estudiar y capacitarse en las reformas o avances que en materia de seguridad pública se han desarrollado.
Promover un foro anual llamado “Mujer Política” el cual promueva la participación de mujeres, facilitando el intercambio de experiencias y opiniones con respecto a inquietudes y necesidades en relación al ejercicio de sus derechos y su participación dentro de la toma de decisiones de su Entidad.
Por considerar de suma importancia, propusieron impulsar talleres de liderazgo femenino y empoderamiento político; reconocer a mujeres originarias de Baja California Sur que se hayan destacado en diversos ramos utilizando sus nombres para el nombramiento de nuevas plazas, parques, calles, escuelas o lugares de recreación; crear convenios de colaboración con organismos gubernamentales de la Entidad para que propicie la creación de convocatorias sobre vacantes laborales en las que las mujeres puedan ocupar puestos de trabajo en sectores profesionales; elaborar programas de orientación escolar con el objetivo de promover una cultura cívica para la obtención de elecciones no sexistas e identificar los diversos tipos de violencia política y las sanciones que estos conllevan.
Fueron muy enfáticas al solicitar promover y difundir los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas, con la participación de diversas instituciones de los tres poderes del Estado, así como del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que se elaboren programas y acciones específicas, las cuales deben de contar con mecanismos de seguimiento y presupuesto suficiente para su ejecución.
Reconocieron que los derechos a la participación política de las mujeres se han legislado con importantes avances como la “Paridad en Todo”, sin embargo, no es suficiente la paridad cuando los puestos principales que tienen que ver con las decisiones más importantes siguen restringidos a las mujeres.
Finalmente, señalaron que, al interior de los partidos políticos, las mujeres continúan siendo relegadas y uno de los obstáculos son las dinastías o grupos que se apropian de los partidos y ellos deciden, y el nepotismo, que termina en conflicto de interés; sigue siendo limitado el acceso a las mujeres que podrían participar para llegar al poder y estar ahí donde se toman las decisiones, los partidos políticos locales, están al margen del cumplimiento de la ley en cuanto a los recursos destinados para la promoción del liderazgo político de las mujeres, y se requiere establecer sanciones al respecto.
